El Poder Ejecutivo Nacional, oficializó este lunes la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) como consecuencia de la importante crisis financiera que atraviesa la entidad que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Esta es la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.

Mediante el decreto 720/2024, el Gobierno Nacional delegó en el Ministerio de Salud la intervención por el término de 180 días de la obra social, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. La doctora Virginia Montero será la interventora, y tendrá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud permite al Consejo Directivo.

Asimismo, deberá entregar informes mensuales de la gestión que tienda a la normalización del ente, con la evolución administrativa y prestacional. En las consideraciones, el Gobierno señaló que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.

Asimismo, el superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, también advirtieron que la anterior gestión del organismo, a cargo de Daniel López, le otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”. Fue otorgada el 4 de octubre de 2023. Según las autoridades de la administración nacional actual, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del entonces gobierno de Alberto Fernández, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas” pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la SSS.

La obra social ya había estado bajo “tutela judicial” desde marzo de 2023 hasta julio de 2024 por resolución del juez federal de Santa Rosa, La Pampa, Juan José Baric, por denuncias que realizaron afiliados por deficiencias en la asistencia a los afiliados.

En la resolución firmada por el Superintendente Oriolo se destaca que en los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, OSPRERA recibió $22.740.238.761 del Fondo Solidario de Redistribución. Un aporte que reciben las obras sociales por parte de la Superintendencia a través del Mecanismo de Integración (Discapacidad) pero que la obra social de la UATRE “no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa en cuanto a la registración total de los contratos prestacionales por ante la Gerencia de Control Prestacional”.

Lejos de eso, la obra social aumentó su deuda prestacional. De los $26.979.000.000 registrada al 30/9/2023 ascendió a $ 43.949.000.000 en marzo de 2024. Esto es un incremento de un 63%. No es lo único, la deuda que OSPRERA mantiene con los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, por la atención que realizaron a sus afiliados asciende a un total de $1.500.310.836.