“Bloquear es delito”: imputaron a sindicalistas de Atilra por el conflicto con Lácteos Vidal
Un fiscal de Trenque Lauquen imputó y llamó a indagatoria a cinco gremialistas que participaron del bloqueo en 2022.
En un fallo con pocos antecedentes en Argentina, y que podría cambiar verdaderamente un cambio de época en relación a las protestas sindicales, un fiscal penal imputó este martes a cinco sindicalistas que pertenecen a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) por el bloque que ocurrió en 2022 en la planta de Lácteos Vidal ubicada en Moctezuma (partidos de Carlos Casares, Buenos Aires).
Cabe recordar que el caso tomó notoriedad a nivel nacional por la resistencia que impuso de manera personal la presidenta de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, contra esta modalidad de reclamo que llevó adelante en su momento Atilra.
La empresaria afirmó en reiteradas oportunidades que el bloqueo no permitía trabajar a muchos empleados que querían hacerlo, además de que trababa la normal operación de la empresa, algo que siempre fue negado por Atilra.
Ahora, el fiscal de Trenque Lauquen, finalmente decidió darle la razón: imputó y llamó a indagatoria a cinco gremialistas, a los que acusó del delito de “compulsión a la huelga”.
Se trata concretamente de:
- Gastón Moreno, secretario general de la filial Trenque Lauquen de Atilra- Sergio Longo, secretario adjunto
- Osmar Damico, empleado de Lácteos Vidal y delegado de planta
- Cristian Martín, empleado de Lácteos Vidal y vocal suplente del sindicato
- Marcelo Yedro, empleado de Lácteos Vidal y vocal titular del gremio.
- Se suman a Diego Alarcón, vocal titular de ATILRA Trenque Lauquen, ya imputado en agosto de 2023.
ATILRA VS LÁCTEOS VIDAL: UN CASO EMBLEMÁTICO
Como se mencionó, la lucha entre esta pyme láctea y el poderoso gremio lechero comenzó a fines de 2022, luego de que la empresa se negara a recategorizar a algunos empleados.
Por esta protesta extorsiva, Lácteos Vidal decidió despedir a 26 trabajadores y pidió el desafuero de tres delegados, y eso profundizó el conflicto.
En el medio, así como ahora la Justicia favorece a la firma, antes hubo un fallo en su contra: obligó a la pyme a reincorporar a los despedidos y fijó una indemnización de $ 10.000 por día por cada empleado que fuera reintegrado a su puesto.
