El presidente Javier Milei responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el revés judicial que dispuso la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, quien ordenó al Estado transferir el 51% de YPF para cubrir un fallo de USD 16.100 millones.

“Haber llegado a esta situación es culpa directa del inútil soviético”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, sostuvo que “al margen de la imbecilidad de Kicillof y de todos los que nos gobernaron antes” su administración apelará “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”.

En el mismo mensaje, el Presidente acusó al exministro de Economía de “arruinar la economía argentina” y “destruir la provincia de Buenos Aires”, al tiempo que recordó que la expropiación de 2012 fue decidida durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe de Estado publicó el texto minutos después de conocerse la medida de Preska, que fija un plazo de 14 días para que la Argentina deposite sus acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon y las transfiera a los fondos demandantes Petersen Energía y Eton Park.

Milei cerró su posteo con una referencia a su campaña de 2023: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina… Yo avisé que el soviético es un pelotudo”.

El juicio contra YPF

La demanda principal del hedge fund se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.

Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

Burford Capital utilizó como argumento en su demanda la intervención de Kicillof ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, y Minería, Energía y Combustibles del Senado, el 17 de abril de 2012, cuando se debatía la expropiación de YPF.

En aquel momento, Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía, se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, al señalar que “en ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

El fallo contra el país

En el fallo publicado en marzo de 2023, la jueza Preska hizo lugar al pedido del demandante al señalar que la Argentina “prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”.

No obstante, indicó que el demandante “ha demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, por lo que eximió a la compañía de afrontar las indemnizaciones.

Durante el proceso, Burford reclamó entre US$ 12 mil millones y US$ 17 mil millones con intereses. Por su parte, en diciembre de 2021 YPF comunicó a sus accionistas que un fallo en contra podría costarle a la compañía hasta US$ 5.200 millones, una cifra inferior a la reclamada.

El 8 de septiembre de 2023 Preska determinó que la fecha exacta en la que se ejecutó la estatización de YPF fue el 16 de abril de 2012, y aceptó el cálculo de intereses presentado por los peritos de Burford Capital, aunque ordenó a las partes acordar un monto de indemnización acorde al fallo.

El 15 de septiembre de ese año Preska puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la estatización de YPF: US$ 14,4 mil millones correspondientes al Grupo Petersen y US$ 1,7 mil millones a Eton Park.

Con el fallo de hoy, en tanto, la jueza resolvió que para afrontar el pago de la indemnización la Argentina deberá entregar ante su tribunal el 51% de las acciones de la compañía que están en poder del Estado.