En su alegato final, el fiscal Diego Luciani dijo que se pedirá la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para las personas acusadas en el caso Obra Pública.

“A excepción de Lázaro Báez –quien tiene relación con la causa por ser empresario–, se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos”, mencionó.

Previamente, la fiscalía había dicho que la vicepresidenta Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y que sería acusada de fraude al Estado.

Antes del anuncio, Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer que su abogado solicitará la ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia de mañana, 23 de agosto.

La causa investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la realización de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.