El fiscal federal Walter Rodríguez elevó el pedido de prisión preventiva al juez a cargo del caso por el único imputado en la causa por defraudación y lavado de activos, más conocida como la causa Amarras.

El imputado es un hombre de 39 años al que se le encontró una millonaria suma de pesos y miles de dólares, además de 39 tarjetas de débito en un departamento de las torres que se encuentran en el puerto santafesino.

En el escrito presentado por el fiscal a la justicia, afirma que la investigación develó que desde el mes de septiembre del año 2020 hasta la actualidad, el imputado "desarrolló maniobras de manera habitual, a fin de obtener la emisión de 39 tarjetas de débito, mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado de datos de 39 personas. Asimismo, puso en circulación el dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud".

Además, Rodíguez informa que de las entrevistas realizadas a los 39 titulares de dichas tarjetas se desprende que "la gran mayoría son personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física".

Asimismo, detalla que la procedencia de los mismos es: seis del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina de Santo Tomé, nueve de barrio Las Vegas de Santo Tomé, entre otros. Y que por la cercanía de los domicilios, la mayoría son vecinos y/o familiares entre sí.

Incluso, hay tres personas que de un mismo clan familiar -hermano, primo y tío- de Brian Emanuel Ríos, más conocido como “Chuki Ríos”, líder o ex líder de la fracción de la barrabrava del Club Atlético Colón de Santa Fe, denominada “La Negrada”.

Es con esta información, que el fiscal considera que el imputado no debería recuperar su libertad ambulatoria ya que podría "ponerse de acuerdo con posibles futuros imputados, sin descartar la repetición de actos de “captación” similares a los desplegados con anterioridad, es decir, aquellos que consistieron en el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero (entre 600 a 2000 pesos) a los fines de vulnerar la autodeterminación de la voluntad de personas afectadas por condiciones sociales, en este caso para afectar el normal desarrollo del proceso".